El proyecto “Derecho a la Identidad mediante acceso a documentación oficial de personas indígenas en Paraguay” comenzó hace un par de meses y se prolongará durante cerca de tres años, como informaron este miércoles las autoridades paraguayas durante la presentación de esta campaña.

Durante un acto celebrado en la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), María Luisa Duarte, representante de los pueblos indígenas, agradeció esta iniciativa para “subsanar” la falta de documentación en esas comunidades.

“Hay hermanos que viven como en las épocas feudales, que no tienen documentaciones oficiales. Eso es doloroso porque no les permite ser identificados para alcanzar beneficios”, expresó.

Esa documentación también permitirá a las comunidades indígenas alcanzar el derecho “para elegir o para ser elegido” en elecciones y aumentar la participación y representación de esta parte de la población paraguaya.

Paraguay arrastra desde hace años la falta de cédulas de identidad y de inscripción en los registros civiles de la población indígena, lo que limita sus derechos como ciudadanos.

Las misiones de observación electoral que acuden al país durante la época de comicios han señalado esta carencia como uno de los puntos que el país debe corregir, como recordó este miércoles durante el acto el presidente del TSJE, Jaime Bestard.

Para cumplir esa meta, el TSJE trabaja con la delegación de la Unión Europea (UE) en Paraguay y las organizaciones Diakonia y Tierraviva para registrar e identificar a los indígenas que viven en todo el país.

El jefe de Cooperación de la delegación de la UE en Paraguay, Matteo Sirtori, explicó que en los próximos tres años se pretende llegar a unas 37.000 personas indígenas de 19 pueblos y más de 600 comunidades de todo Paraguay.

“El hecho de tener una documentación oficial es una condición para que se vean reconocidos los derechos de todas las personas y para una participación más activa”, agregó Sirtori.

En los próximos años, Tierraviva y Diakonia van a organizar jornadas de acceso a la documentación para entregar cédulas de identidad, partidas de nacimientos e inscripciones en el registro civil.

La abogada de Tierraviva, Adriana Agüero, reconoció el avance que representa este caso para las comunidades indígenas, y recordó el caso de una mujer indígena que murió a los 102 años sin “poder demostrar que existía”.

Para Agüero, la documentación permitirá a los indígenas “acceder a todas las políticas públicas del Estado” de las que ahora no se pueden beneficiar por falta de acreditación.

Desde el Instituto Nacional del Indígena (INDI), su titular, Édgar Olmedo, apuntó que la falta de cédulas de identidad añade un problema más a la “situación de vulnerabilidad” en la que se encuentran estas comunidades y celebró que gracias a la documentación puedan participar como candidatos y electores en próximos comicios.

“Es una demostración clara del avance en el ámbito político y electoral”, concluyó.

El Censo Nacional de Población y Vivienda Indígena, con datos de 2012, cifra en 112.848 la población indígena, en un país con unos 7 millones de habitantes.

Una gran parte de esas comunidades viven en situación de pobreza extrema y de marginación, debido principalmente a la apropiación indebida de sus tierras y a la consiguiente emigración a centros urbanos.

Agentes de la Comisaría 8va Central en la noche del sábado concretaron la detención de un presunto delincuente en la ciudad de Capiatá.

Se trata de Cristian David Riveros Sánchez, alias “Ka’i”, de 35 años, domiciliado en el barrio Santa Catalina, a la altura del Km 20,5 de la Ruta PY02 de Capiatá.

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El hombre fue sindicado como autor del asalto a una mujer de 70 años y un joven que se encontraban de visita en un cementerio, hecho que se registró en la tarde de ayer.

El ladrón fue atrapado por los agentes policiales en una zona boscosa del sector conocido como “Cable Guy”, en el barrio Santa Rosa de la citada localidad.

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Riveros cuenta con antecedentes por tentativa de hurto (2006), hurto (2009), coacción sexual y violación en grado de tentativa (2016) y hurto agravado (2018), además de tener una orden de captura pendiente, menciona el portal Sucesos Paraguay.

En las últimas horas se tuvo conocimiento de un presunto caso de abuso sexual infantil en la zona de Itapúa, teniendo como protagonista a una niña de 10 años de edad.

La menor -quien es oriunda del distrito de Carlos Antonio López- fue internada en grave estado en el Hospital Regional de Encarnación, a raíz de una infección generalizada, menciona el informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

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Los médicos del centro asistencial constataron que la niña presentaba una fisura en el esfínter anal, la cual no fue tratada a tiempo y posteriormente derivó en la sepsis.

Este hallazgo hizo sospechar a los profesionales de blanco que la paciente había sido víctima de abuso sexual, motivo por el que dieron aviso a la Policía Nacional y el Ministerio Público para tomar intervención.

Las autoridades creen que la niña era mantenida en deplorables condiciones, esto considerando que tenía piques, piojos y caries, además de no contar siquiera con una cédula de identidad. De igual manera, se confirmó que apenas llegó a cursar el primer grado.

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Al ser entrevistada, la madre -quien no lee ni escribe- entró en algunas contradicciones al hablar sobre quién pudo haber lastimado a su hija. Incluso, habría afirmado que no se dio cuenta de la situación en que la misma se encontraba sino hasta el día de su internación.

El fiscal Gustavo Riveros finalmente formuló imputación contra la madre de la niña por el hecho punible de falta al deber del cuidado. Se prevé que, como parte de la investigación, se le quite la custodia de sus otros 7 hijos.

Una comitiva del Ministerio Público y la ANDE encabezó esta mañana un allanamiento en un inmueble ubicado en la compañía Yarigua’ami del distrito de Sapucai, departamento de Paraguarí.

Dicha propiedad se encuentra registrada a nombre del exdiputado Miguel Cuevas y, según confirmó su representante legal, había sido arrendada hace un mes a una mujer de nombre Ramona Peralta, quien reside en la zona de Alto Paraná.

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En el lugar se constató la instalación de una granja ilegal de criptominería, incautándose un total de 396 máquinas procesadoras de criptomonedas. Asimismo, se descubrió una conexión clandestina, alimentada por un transformador de 3.150 kVA.

Según informaciones proveídas por la ANDE, el suministro de este inmueble tenía una facturación mensual que se encontraba en torno a los G. 500.000, aunque el monto no condice con el consumo real.

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Se estima que el daño patrimonial para la empresa estatal alcanza los G. 873.000.000, esto en base a la capacidad del transformador hallado en la propiedad perteneciente al exparlamentario colorado.

El fiscal Alfredo Ramos dispuso la incautación de las máquinas mineradoras, que fueron trasladadas al depósito de la Fiscalía de Paraguarí para su resguardo. Por su parte, el transformador debió ser dejado en el sitio, debido a que no pudo ser removido por su gran peso y tamaño.